Un importante paso tendiente a una mejor Justicia

Con su propuesta de reforma del proceso de selección de jueces federales y nacionales por parte del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso trascende...

Con su propuesta de reforma del proceso de selección de jueces federales y nacionales por parte del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso trascendental para despolitizar el mecanismo de nombramiento de los magistrados, reducir el margen de discrecionalidad y evitar prolongados lapsos de vacancia en los tribunales.

No puede escapar a cualquier análisis el hecho de que, en la actualidad, el número de vacantes en los juzgados federales y nacionales asciende a 364, cifra a la que se debe sumar otra importante cantidad de lugares vacantes en el Ministerio Público Fiscal. La falta de cobertura de cargos en el Poder Judicial ronda el 36% y, de no mediar nuevas designaciones, se elevaría al 40% hacia fines de año ante la proximidad de un significativo número de jubilaciones.

Uno de los puntos centrales del proyecto presentado por los integrantes del máximo tribunal de la Nación es el establecimiento como regla general de los “concursos anticipados”. antes de que se generen las vacantes, con el fin de buscar limitar la influencia del contexto político partidario en la celebración de los concursos, además de aportar celeridad en las designaciones.

La reforma propuesta abarca la metodología para la evaluación de los postulantes a un cargo. Hasta hoy, el proceso de selección contempla tres etapas: una prueba de oposición escrita, donde los candidatos deben resolver casos prácticos y proyectar una sentencia; una evaluación de antecedentes, que pondera la trayectoria profesional y académica, y una entrevista personal ante la comisión de selección del Consejo de la Magistratura. Posteriormente, se suman el examen psicológico y psicotécnico, y una audiencia pública ante el plenario del Consejo, que finalmente define la terna de candidatos que se someterá a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

El reglamento propuesto por la Corte le fija límites al Consejo, al disponer que los concursos para jueces se efectuarán con un banco de preguntas con sistema multiple choice, en tanto que las entrevistas personales solo podrán adjudicar puntos al candidato con un tope del 10% del total. De este modo, se apunta a la imposición de una evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas, que atenúe el componente de discrecionalidad y subjetividad.

Entre los aspectos más destacables de la propuesta, se encuentra la instrumentación de un doble examen con anonimato reforzado, que comprende una primera instancia general, de carácter objetivo y corrección automatizada, que funciona como filtro técnico, y una segunda etapa, de carácter práctico, que evalúa la capacidad de resolución de casos y la redacción de sentencias. Todo este proceso se apoya en sistemas que garantizan la trazabilidad y el anonimato de los candidatos.

Se busca reducir la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso, acotándoseles la posibilidad de influir en las entrevistas y de alterar el orden de mérito

Asimismo, el proyectado reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado. La formación académica, el promedio de calificaciones en la carrera de grado, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial serán ponderados a través de criterios objetivos y previamente definidos.

Del mismo modo, se busca reducir la capacidad de intervención de los consejeros en el concurso, acotándoseles la posibilidad de influir en las entrevistas y de alterar el orden de mérito.

Frecuentes han sido los casos de candidatos a jueces que, independientemente de su rendimiento en los exámenes, ascendían o descendían en su posición final por factores emparentados con criterios políticos. Así, han llegado a terminar en las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo candidatos que ni siquiera figuraban ubicados en los 15 primeros puestos en las evaluaciones previas a la entrevista final. Como expuso el doctor Carlos Rosenkrantz, uno de los impulsores de la reforma, la discrecionalidad ha venido sustituyendo al mérito y lo ha hecho de una manera opaca, sin dejar rastros.

Resulta destacable el apoyo que la iniciativa surgida de la Corte ha provocado entre prestigiosos hombres del Derecho y entre distintas entidades, tales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de la Abogacía y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

Es de esperar que esta loable propuesta sean pronto considerada y aprobada por el Consejo de la Magistratura, y que también sea tomada por los poderes judiciales de las provincias, donde tradicionalmente ha existido una nefasta tendencia a designar jueces afines a los poderes políticos locales. La Justicia debe recuperar la confianza de la sociedad, para lo cual requiere de mecanismos de designación de jueces transparentes que garanticen la llegada de los mejores y la absoluta independencia de los magistrados.