Comienza la auditoría del Gobierno del balance y los contratos de la AFA
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, activará a partir de hoy el proceso de fiscalización de los balances y los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la intenc...
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, activará a partir de hoy el proceso de fiscalización de los balances y los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la intención de acceder a documentación societaria y administrativa de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino.
Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán formalmente en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir información, según informó hoy la cartera que encabeza Juan Bautista Mahiques en un comunicado.
“El plan de trabajo comienza con un pedido formal de acceso a la documentación social y contable de la sociedad para poder verificar las irregularidades que investiga la Inspección General de Justicia. Las veedurías son por 180 días y este es un paso para poder realizar la misión encomendada por el ministro de Justicia al decretar la intervención por veeduría”, señaló el comunicado del organismo oficial.
La tensión guia el vínculo entre el Gobierno y la AFA desde que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la entidad de fútbol y a un grupo de dirigentes por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. De acuerdo a la demanda, ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente,postergando los pagos al Estado por más de 300 días.
Estarán a cargo de la auditoría en la AFA el abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, para ejecutar las veedurías durante 180 días. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
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