Alvear, Estados Unidos y Malvinas

El 31 de diciembre de 1831, un año antes de que los británicos invadieran la gobernación argentina de Malvinas, un buque de guerra norteamericano sin mandato oficial ingresó en Puerto Soledad c...

El 31 de diciembre de 1831, un año antes de que los británicos invadieran la gobernación argentina de Malvinas, un buque de guerra norteamericano sin mandato oficial ingresó en Puerto Soledad con bandera francesa (en un acto de “perfidia”) y destruyó las propiedades privadas del gobernador Luis Vernet. Estas acciones del capitán Silas Duncan fueron juzgadas por un tribunal federal del estado de Connecticut, en la causa Davison vs. Seal-Skins. El juez Smith Thompson declaró que Duncan había actuado de manera ilegal y sin órdenes de sus superiores del gobierno de Estados Unidos. El superior de Duncan lo desautorizó y le quitó el mando del buque. Otra causa malvinense relacionada llegaría a la Corte Suprema de Estados Unidos en enero de 1839 –Charles B. Williams vs. The Suffolk Insurance Company–. La Corte expresó que las relaciones exteriores correspondían al Poder Ejecutivo, que era el que debía reconocer si las islas eran argentinas o británicas, cosa que ningún presidente estadounidense, hasta ahora, hizo.

El embajador argentino Carlos María de Alvear reclamó una indemnización ante el secretario de Estado de EE.UU., John Forsyth, en una carta fechada el 21 de marzo de 1839 y acompañó 60 páginas de testimonios del hecho, que hemos identificado. Vernet había instalado a 50 familias pobladoras, gauchos e indígenas de la Argentina. Los buques extranjeros se registraban en su gobernación para cazar, y algunos de ellos fueron aprehendidos por hacerlo ilegalmente y remitidos a un tribunal de presas en el continente, lo que movió a Duncan a proceder del modo incalificable en que lo hizo.

La acción de Duncan movilizó a los británicos a apoderarse de las islas –cuyas instalaciones habían sido destruidas–, a pesar de su gobierno haber firmado dos tratados internacionales que lo impedían y de la opinión de autoridades como el mismo duque de Wellington. Por los artículos 8° y 12 del Tratado de Utrecht (1713), el Reino Unido se comprometió a respetar la integridad territorial de la América española tal como existía durante el reinado de Carlos II, antes de la Guerra de Sucesión Española. Respecto de este tratado, contamos con correspondencia hallada en los archivos británicos de Kew, fechada el 17 de septiembre de 1766, de George Lennox, diplomático británico en París. Tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Luis XV, el duque de Choiseul, Lennox le comunicó a su superior en Londres –el conde de Shelburne, jefe del Departamento del Sur– que, por el Tratado, los británicos debían mantenerse alejados de las islas Malvinas sin el permiso de España, tal como había hecho el almirante inglés George Anson cuando solicitó autorización para ir allí.

En el artículo 6° de la Convención de Nutka (1790), los británicos acordaron formalmente no establecer nuevos asentamientos en costas o islas adyacentes ya ocupadas por España, como las islas Malvinas. España estaba establecida oficial y permanentemente en las Malvinas desde 1767 tras la sucesión legítima del primer colonizador francés en 1764, Antoine de Bougainville, cedida bajo el Pacte de Famille entre las coronas borbónicas de Francia y España. Esta convención respaldó la posesión española que comenzó con el abandono voluntario por parte del Reino Unido, el 20 de mayo de 1774, de su puesto en Puerto Egmont, que ocupaba desde 1766. Lo acordado en Nutka fue costoso para España, dado que reconoció la presencia británica en el Pacífico Norte español a cambio de preservar las islas ocupadas por España en América del Sur, incluidas las Malvinas. Este tratado fue ratificado nuevamente por el artículo 1° del Tratado de Amistad y Alianza entre Gran Bretaña y España del 5 de julio de 1814.

Por su parte, el duque de Wellington, en una carta privada a sir George Murray, secretario de Estado para la Guerra y las Colonias, fechada el 25 de julio de 1829, admitió que el título británico era legalmente frágil: “No me queda claro que alguna vez hayamos poseído la soberanía de todas estas islas... que abandonamos hace más de 60 años”.

El primer gobierno nacional de 1810 adquirió la administración de las Malvinas en 1811 tras el retiro de los militares realistas españoles. Inicialmente administradas desde Buenos Aires –otorgando permisos de caza, como el concedido al capitán inglés Henry Jones del barco El Rastrero el 30 de enero de 1813–, las islas fueron luego ocupadas formalmente en 1820 a través del comandante David Jewett, otro estadounidense al servicio de la Argentina. Con posterioridad se designaron sucesivos comandantes, entre ellos Luis Vernet, quien instaló una colonia y una prisión. La comandancia abarcaba también Tierra del Fuego, complemento natural para la provisión de madera.

El registro portuario de buques y las circulares de Luis Vernet demuestran que existía una administración argentina funcional y reconocida hasta que fue interrumpida por la fuerza. Al examinar todos los documentos originales –desde los registros del tribunal de Massachusetts que pusieron en tela de juicio las acciones de Duncan hasta la correspondencia Alvear-Forsyth de 1839– encontramos una realidad legal que exige una reevaluación honesta de los reclamos británicos. Retomar las gestiones del general Alvear podría permitir a Estados Unidos volver a analizar el asunto con la finalidad de convocar al Reino Unido y la Argentina a una mesa de diálogo de buena fe, que ponga fin a la controversia.

Historiadores especializados en Malvinas: todos los documentos mencionados pueden consultarse en Malvinas_101 en Instagram